Corte Suprema acusa a Iván Name y Andrés Calle por caso UNGRD
En una decisión de alto impacto político y judicial, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia resolvió acusar a los congresistas Iván Leónidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio.
La determinación se adoptó en una sesión extraordinaria celebrada en la capital del Meta, donde los magistrados analizaron las pruebas recolectadas dentro del proceso relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
De acuerdo con la investigación, ambos congresistas habrían recibido dinero proveniente de esa entidad a cambio de favorecer la aprobación de proyectos en trámite dentro del legislativo.
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Esta práctica, que la Corte calificó como un posible favorecimiento indebido en ejercicio de funciones públicas, constituye uno de los capítulos más relevantes del escándalo de corrupción que rodea a la UNGRD.
La Sala Especial de Instrucción fundamentó la acusación en pruebas técnicas y declaraciones que, según su análisis, ofrecen suficientes indicios para considerar que los procesados deben ser llamados a juicio.
Este paso marca una nueva fase dentro del proceso penal, que ahora podría avanzar hacia la Sala Especial de Primera Instancia en caso de que la acusación quede en firme.
Cabe recordar que el pasado 7 de mayo la misma Sala ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para los congresistas Name y Calle.
Esa decisión, que actualmente sigue vigente, fue adoptada para garantizar la comparecencia de los investigados y evitar eventuales obstrucciones a la justicia.
El caso UNGRD ha despertado gran atención pública debido a la magnitud de los recursos involucrados y a la relevancia de los funcionarios señalados.
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La investigación busca esclarecer el destino de millonarias sumas de dinero asignadas para la atención de emergencias y la gestión del riesgo en el país, pero que, según la Fiscalía y ahora la Corte, habrían terminado desviadas para beneficiar a actores políticos.
Con esta acusación, la Corte Suprema de Justicia envía un mensaje sobre la lucha contra la corrupción en las más altas esferas del poder.
De confirmarse en juicio las conductas señaladas, los congresistas procesados enfrentarían no solo penas de prisión, sino también inhabilidades para ejercer cargos públicos.
El proceso seguirá su curso en la jurisdicción especial de la Corte, mientras los acusados permanecen bajo medida de aseguramiento.
La opinión pública y la clase política estarán atentas al desenlace de este caso que podría convertirse en uno de los más emblemáticos de los últimos años en materia de corrupción administrativa en Colombia.