Fiscalía embarga oficinas por presunta financiación a paramilitares
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Justicia Transicional, obtuvo medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre dos oficinas propiedad de una petrolera internacional. La decisión fue emitida por el magistrado con funciones de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior.
Estas propiedades, ubicadas en un edificio del centro financiero de Bogotá, tienen un valor comercial estimado de $41.318.400.000 pesos, equivalentes a aproximadamente 10 millones de dólares.
La Fiscalía informó que los bienes ya fueron entregados al Fondo para la Reparación de las Víctimas. Se espera que estos activos sean destinados a la indemnización de la población afectada por la violencia paramilitar en el departamento de Casanare, cumpliendo así un importante objetivo de reparación.
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Pruebas
Las pruebas recolectadas sobre los contratos de concesión, explotación y producción de hidrocarburos de la empresa fueron cruciales. Con base en este material probatorio, la Fiscalía solicitó las medidas cautelares que, tras su evaluación, fueron otorgadas por el Tribunal Superior de Bogotá. Estas medidas representan un paso significativo en el aseguramiento de bienes y activos vinculados a la investigación.
En el marco del proceso de Justicia y Paz, Daniel Rendón Herrera, Manuel de Jesús Pirabán y Orosman Orlando Osten Blanco, exmiembros del Bloque Centauros de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, aportaron testimonios fundamentales. En sus versiones libres, afirmaron que el grupo empresarial habría financiado sus actividades ilegales en Casanare entre 1997 y 2005. Esta financiación, según los testimonios, se materializó a través de la entrega de dinero, combustible, alimentación y transporte. A cambio, los paramilitares ofrecían un "servicio de seguridad" en los pozos de extracción de crudo, lo que presuntamente permitió a la empresa incrementar significativamente su patrimonio durante el período de esta supuesta relación ilícita.
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Las actividades investigativas fueron adelantadas por fiscales del Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección de Justicia Transicional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Su labor contó con el valioso apoyo del Grupo Investigativo de Jurisdicciones Especiales de la DIJIN, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ecopetrol, así como de otras autoridades judiciales. Esta colaboración interinstitucional ha sido vital para el avance y la solidez de la investigación.
#Actualidad🚨 ⚖️ La @FiscaliaCol obtiene medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre dos oficinas de propiedad de una petrolera internacional 🛢️ que habría financiado el actuar ilegal del bloque Centauros de las extintas Auc en Casanare. pic.twitter.com/xQUJ6Bq43I
— Radio Nacional CO (@RadNalCo) July 8, 2025
