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Nicaragua, Venezuela, Perú y Honduras: tempestades políticas de 2021 - Parte 3

En la tercera entrega de un recuento por los principales hechos políticos que tuvieron lugar en 2021 en diferentes partes del mundo.
Mundo
Foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP
Carlos Chica

El 2021 fue un año marcado por varios acontecimientos políticos que suscitaron controversias, reflexiones y, aún hoy en día, incógnitas sobre lo que ocurrirá en algunas naciones del mundo en distintos ámbitos. Magnicidios, estrategias del pasado, estallidos sociales y elecciones presidenciales fueron algunos de los hechos que marcaron la historia de este año.

En Radio Nacional de Colombia hacemos un recuento sobre lo que ocurrió política y socialmente en diferentes latitudes.

Nicaragua: votos, sin libertades

El 7 de noviembre, el presidente de Nicaragua Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, ganaron con el 73 por ciento de los sufragios, las elecciones presidenciales con una abstención cercana al 80 por ciento, y en las que no hubo ni partidos o movimientos opositores porque los siete más importantes estaban presos.

Elecciones en las que no hubo cubrimiento in situ de los medios de comunicación internacional más importantes porque el Gobierno no autorizó su ingreso al país y les acusó de ser parte de una conspiración internacional mediante la difusión de noticias falsas sobre la realidad nicaragüense.

Ortega los calificó como “demonios” porque han reportado las protestas que se iniciaron en 2018, interpretada por él como parte de un intento de golpe terrorista, instigado por sus opositores políticos y apoyados por Estados Unidos.

Los candidatos con opción real de disputarle votos fueron encarcelados bajo cargos de traición a la Patria, conspiración contra la integridad nacional y lavado de activos.

Los hechos convierten al Gobierno de Ortega en un régimen autocrático porque se eliminó toda competencia electoral creíble y se adelantó bajo hostigamientos, acusaciones penales e intimidaciones a líderes sociales, periodistas y defensores de derechos humanos.

Ortega ejerce control sobre todos los poderes, incluyendo la Asamblea Nacionales, las Altas Cortes y el Consejo Supremo Electoral. Mediante ese control ha promovido leyes y medidas represivas para castigar a cualquiera que sea percibido como crítico, al tiempo que garantiza impunidad para sus abusos y delitos.

La lógica política con la que justifica sus actos consiste en reivindicar que es el único sandinista que puede impedir que Nicaragua sea entregada de nuevo al imperio estadounidense y a sus aliados; según él, es el garante de conservar la heredad del trabajo de resistencia y liberación de Augusto Cesar Sandino y de los pueblos originarios conquistados por la Corona Española.

Para Ortega, las prácticas colonialistas e imperialistas se mantienen hoy vivas y se revisen con ideologías fascistas que, según él, se encarnan en los partidos de derecha que han accedió al poder en los últimos años.

Venezuela: elecciones, con una luz de esperanza

En el contexto político e institucional de hoy, no existían razones para confiar en que las elecciones regionales y municipales del pasado 21 de noviembre cambiaran la balanza, desestabilizaran al gobierno de Nicolás Maduro o alteraran el rumbo de la Revolución Bolivariana que se inició en 1998 con la elección de Hugo Chaves como presidente.

Además de que la oposición volvió a las urnas, hay otras novedades en comparación con las elecciones precedentes de los últimos años.

Por ejemplo:

• En mayo de este año fue designado un nuevo Consejo Nacional Electoral más equilibrado porque junto a los representantes del oficialismo hubo dos personalidades opositoras que, por cierto, no recibieron el respaldo de Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por parte de la comunidad internacional. No los apoyó porque fueron designados por la Asamblea Nacional elegida el año pasado en unas elecciones no reconocidas, entre otros, por la Unión Europea, por considerar que no cumplieron estándares internacionales.

• Las elecciones estuvieron precedidas por tres rondas de conversaciones entre gobierno y oposición, hasta ahora sin los resultados esperados, aunque en todas ellas, se han ido abriendo posibles mecanismos y propuestas para desempantanar la crisis.

• En junio, la Mesa de Unidad Democrática volvió a ser reconocida por el gobierno, que la había inhabilitado políticamente desde 2018.

• Las elecciones de noviembre tuvieron de supervisión y acompañamiento internacional. La Misión de Observación de la Unión Europea, por ejemplo, constató “la falta de independencia judicial, la no adherencia al Estado de Derecho y que algunas leyes afectaron la igualdad de condiciones, la equidad y la transparencia de las elecciones”.

• En el Memorando de Entendimiento que las partes alcanzaron a suscribir el pasado mes de agosto –antes de que el proceso se congelara nuevamente—, el gobierno y la oposición reconocieron como un avance el hecho de que, al menos, ya tenían claro en qué no están de acuerdo y cuáles son los puntos que necesitan mayores esfuerzos para lograr confluencia en sus objetivos y en la manera de lograrlos.

• Por primera vez, en muchos años, la oposición no puso como primera condición la dejación del poder por parte de Nicolás Maduro.

Entre los temas pendientes, después de elecciones, si vuelven a sentarse en la Mesa la oposición y el gobierno después de elecciones, un escenario posible según lo decía nuestra invitada, figuran, entre otros:

• El levantamiento de las prohibiciones que el gobierno ha impuesto a líderes políticos para ejercer cargos públicos. Recordemos que una consigna permanente de los opositores ha sido la de “Derechos Políticos para Todos”.

• La liberación de varios diputados y otros líderes políticos que permanecen presos, se han refugiado en embajadas o han logrado salir del país y vivir en el exilio. Existe un antecedente: el indulto presidencial que Maduró concedió el año pasado, tres meses antes de las elecciones de la Asamblea Nacional.

Perú: democracia incierta

El escenario político peruano de este año 2021 debía comenzar con un cuasi desconocido, Manuel Merino de Lama como presidente de la República, quien debía terminar el mandato de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra.

Kuczynki cayó primero, luego Vizcarra y Merino apenas duró cinco días.

En medio de un caos institucional sin precedentes, el Congreso designó a Francisco Sagasti quien logró sobrevivir hasta el pasado 21 de abril, cuando asumió el líder sindical de izquierda, Pedro Castillo, quien derrotó a Keiko Fujimori, candidata de la derecha y líder del fujimorismo, a pesar de estar siendo investigada penalmente.

En medio de malabares políticos, le correspondió a Sagasti garantizar las elecciones de un Congreso provisional por 16 meses, en reemplazo del que Vizcarra había disuelto, en uso de facultades constitucionales porque el legislativo le había negado tres veces el voto de confianza para aprobar nuevas reglas de juego en la conformación del Tribunal Constitucional.

La elección de Castillo —como las más recientes de todo tipo en el Perú— se cumplieron en el mismo y pesimista escenario político e institucional que, según el analista Alberto Vergara, muestra la agonía de una democracia en manos de unos enanos ciegos que han generado un régimen impredecible.

Y, además, es un régimen corrupto liderado por élites políticas desconectadas orgánicamente de la sociedad, en el que las demandas sociales yacen abandonadas y huérfanas de representación, por las razones que explica el analista político Carlos Meléndez en un artículo en el portal del Centro de Investigación e Información Periodística (CIPER):

• El Perú se mueve con un alto grado de informalidad.

• El tejido social es muy frágil y por eso es muy difícil aglutinar intereses y transferir las demandas de la ciudadanía a la clase política.

• La prohibición de reelegir congresistas que ha permitido que legislen sin asumir responsabilidades.

• La insuficiente representación de los partidos políticos con asiento en el Congreso y la catástrofe electoral que, por ejemplo, sufrió en el histórico APRA del expresidente Alan García que, por primera vez, en sesenta años, no obtuvo escaños en el Congreso. El expresidente se suicidó cuando agentes judiciales fueron a detenerlo en el marco de una investigación penal por lavado de activos y su presunta participación en la red de corrupción de Odebrecht.

En todo caso, nadie apuesta hoy por la permanencia de Pedro Castillo en el Palacio Presidencial. Con él, se está repitiendo lo que en su momento o después ocurrió con el propio Alan García, Ollanta Humala, Alberto Fujimori y Alejandro Toledo. La declaratoria de su vacancia ha empezado a rondar en los pasillos del Congreso.

Honduras: muchos votos y un compás de espera

Las elecciones generales del 29 de noviembre en Honduras, en las que los votantes votaron por presidente, congresistas y alcaldes tuvieron una novedad: participó el 75 por ciento del censo electoral.

Ese porcentaje, sin precedentes, podría explicarse por la creciente exigencia de un cambio de rumbo, ninguna tolerancia con la corrupción, exigencia de seguridad frente al crimen organizado y un consenso nacional sobre la necesidad de medidas de choque para combatir la pobreza y la migración forzada.

Según un reporte reciente de la Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos, todas las encuestas coincidían en que había llegado la hora de exigir responsabilidades a los gobernantes del Partido Nacional, vinculados a escándalos de corrupción, al desfalco de las arcas públicas y a nexos con carteles de la droga.

Se estima que entre 2014-2018, los desfalcos al erario alcanzaron el 12,5 por ciento del PIB. Un hermano del presidente y él mismo mandatario, son investigados como coparticipes de redes de narcotráfico.

Las elecciones estaban cubiertas por la sombra del fraude de 2017 mediante el cual se mantuvo en el poder el presidente Juan Orlando Hernández, con la complicidad de la Corte Suprema de Justicia que lo habilitó para un segundo mandato.

Además de la sombra de ese fraude, los hondureños salieron a votar con desconfianza en las reformas electorales que se realizaron a medias tantas en 2019.

Y según una Ley electoral de este año, los tres partidos mayoritarios tendrían garantizados su representación en las mesas de votación; dos sillas más serían rotadas entre los demás partidos; se excluyó a los ciudadanos de loso puestos de votación y se negó la solicitud de segunda vuelta en las presidenciales —propuesta de organizaciones de la sociedad civil—.

Adicionalmente, había desconfianza e incertidumbre sobre los cambios tecnológicos, en los cuales se invirtieron 120 millones de dólares, con resultados catastróficos a juzgar por la lentitud y lo disfuncional que ha sido la entrega de información a los electores.

El contexto previo se enrareció por el incremento de la violencia política durante la campaña. Hay registro de por lo menos 60 casos, incluidos los de asesinatos de candidatos y sus familias, pero también de activistas. Como lo documenta WOLA, en la memoria de los hondureños está viva la brutal represión de la policía militar en 2017 contra la protesta social que dejó decenas de civiles muertos y la detención arbitraria de 1.351 personas.

Tres hechos desestimulaban la participación electoral:

1. Nasry "Tito" Asfura, alcalde de Tegucigalpa y candidato del Partido Nacional, está siendo investigado por malversación de fondos municipales.

2. Yani Rosenthal, empresario, exministro del gobierno y candidato del opositor Partido Liberal, se presentó tras haber cumplido una condena de tres años en Estados Unidos por lavado de dinero para una organización narcotraficante.

3. Si bien no hay acusaciones directas de corrupción contra la nueva presidenta Xiomara Castro de Zelaya, del opositor Partido Libre, su gestión podría verse afectada por las acusaciones de corrupción durante el gobierno de su esposo, el expresidente José Manuel Zelaya Rosales.

4. Honduras tuvo la tasa más alta de homicidios en 2020, debido a las acciones de organizaciones criminales transnacionales, narcotraficantes, pandillas y funcionarios corruptos que conocen bien la debilidad institucional de la justicia y de los organismos de seguridad para contenerlos, castigarlos y combatir sus crímenes.

El resultado de las elecciones abrió un compás de espera a un país con altos niveles de desigualdad y pobreza y bajo un pronóstico aterrador: la pandemia podría disminuir el PIB en 12 por ciento y aumentar la pobreza del 60 al 70 por ciento.

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