La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia decidió este jueves 31 de julio de 2025, tras un extenso debate interno, negar los impedimentos presentados por diez magistrados en el proceso de conformación de la terna que será enviada al Senado de la República.
De dicha terna saldrá la persona que reemplazará al magistrado José Fernando Reyes Cuartas en la Corte Constitucional.
Durante la sesión ordinaria, cada solicitud de impedimento fue estudiada y votada de manera individual, respetando los criterios de objetividad y legalidad que rigen las decisiones de la Corte. Al final de la jornada, todos los impedimentos fueron negados, lo que permitirá avanzar sin dilaciones hacia la siguiente etapa del proceso.
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La Sala Plena también anunció la convocatoria de una sesión extraordinaria para el próximo martes 5 de agosto, en la cual se llevará a cabo la audiencia pública para la preselección de los aspirantes a ocupar la vacante en la Corte Constitucional. En esta audiencia, los candidatos podrán presentar sus hojas de vida, exponer sus propuestas jurídicas y responder preguntas sobre su idoneidad para ejercer el cargo.
Entre los magistrados que presentaron impedimentos se encuentran figuras reconocidas como Gerson Chaverra, quien ejerció recientemente la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, y la magistrada Myriam Ávila Roldán, actual presidenta de la Sala Penal. También figuran los magistrados Carlos Roberto Solórzano, Omar Mejía, Jorge Hernán Díaz, Diego Corredor, Fernando León Bolaños, Luis Benedicto, y Julio Usme, quien fue elegido hace apenas tres meses.
La decisión de negar estos impedimentos busca garantizar la continuidad del proceso sin cuestionamientos sobre la participación de los actuales magistrados en la elección de la terna. Este procedimiento es clave para asegurar que la Corte Constitucional mantenga su composición completa y funcional, especialmente en un contexto donde sus decisiones tienen impacto directo sobre temas sensibles del país.
Finalmente, los voceros del alto tribunal, señalaron que esta actuación reafirma el compromiso de la Corte Suprema con la transparencia, la responsabilidad institucional y el respeto por los principios constitucionales en la elección de altos cargos judiciales.