Tras la radicación del proyecto de ley de financiamiento nacional para el año 2026 en la Presidencia de la Cámara de Representantes, se desató un nuevo debate entre los diferentes sectores políticos del país.
El articulado, que acompañará el presupuesto general de la Nación para el próximo año, busca garantizar los recursos necesarios para cumplir con los compromisos del Gobierno, especialmente en materia de inversión social, defensa y pago de deuda. Sin embargo, las posiciones están divididas frente a su viabilidad.
Uno de los primeros en pronunciarse fue el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, David Racero, quien respaldó la propuesta del Gobierno y destacó tres aspectos clave del texto.
Según el congresista, el proyecto es responsable fiscalmente, fortalece la inversión social y mejora las condiciones de la fuerza pública.
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“El proyecto de presupuesto 2026 presentado por el Gobierno Nacional combina, a mi criterio, tres elementos. Primero, responsable con las finanzas públicas, pago de deuda que se reduce casi en un 10%. Segundo, fortalecimiento de la fuerza pública, sector defensa. Hoy vamos a tener soldados mejores pagos. Hace tres años, a duras penas, se les pagaba el 30% al salario mínimo. En el 2026 se pagará completo. Y por último, no dejar de lado la inversión social y la equidad, que es el corazón fundamental del Gobierno del Cambio”, señaló Racero.
El representante también defendió la necesidad de aprobar una ley de financiamiento complementaria por 26 billones de pesos, con el argumento de que no afectará a las clases populares.
“No se le meterá la mano al bolsillo a los sectores populares y clases medias, sino más bien a aquellos que ganan un poco más. En este gobierno a los ricos les ha ido bien, a las grandes empresas les ha ido bien, se requiere que aporten un poco más”, agregó.
En contraste, el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, expresó fuertes reparos al considerar que el Gobierno no ha demostrado capacidad para cumplir con los presupuestos anteriores. “Si Gustavo Petro y el Ministerio de Hacienda no lograron financiar un presupuesto por 502 billones en 2024 ni otro por 523 en 2025, qué les hace pensar que sí podrán con uno de 557 en 2026?”, cuestionó.
Motoa también advirtió sobre la crítica situación fiscal y señaló que el nuevo texto dependería nuevamente de una “mal llamada ley de financiamiento”. “No puede seguir haciendo carrera que el Ejecutivo proponga montos que no se corresponden con la realidad”, concluyó.
Ahora el trámite dependerá del debate que se desarrolle en las comisiones económicas del Senado y la Cámara, escenario en el que se definirá si esta vez el proyecto será discutido a fondo o se repetirá el hundimiento ocurrido en la legislatura pasada.