La Corte Constitucional ordenó, por unanimidad de su Sala Plena, devolver a la Cámara de Representantes la Ley 2381 de 2024, “por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común”, tras encontrar un vicio de procedimiento durante su segundo debate.
La decisión se basa en que la Plenaria de la Cámara no cumplió con los estándares constitucionales para discutir y votar de forma válida una proposición sustitutiva clave presentada por varios congresistas, entre ellos María del Mar Pizarro. Según la Corte, esto vulneró el principio democrático y los derechos de las minorías.
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“Se configuró un vicio subsanable en la formación de la ley que debe ser corregido antes de continuar con su control de constitucionalidad”, estableció el alto tribunal. Por lo tanto, el Congreso deberá repetir el debate y votación en un plazo máximo de 30 días hábiles a partir de la notificación, siempre que esté en sesiones ordinarias.
El magistrado Reyes advirtió que no puede desconocerse una votación efectuada conforme al reglamento, pues hacerlo “equivale a suprimir una decisión del Congreso”, lo cual compromete la validez de la norma. Además, señaló errores en la numeración de artículos y la ausencia de registros completos en la Gaceta del Congreso, lo que afectó la transparencia.
También desvirtuó acusaciones de obstruccionismo de la oposición, al revelar que solo presentaron el 13 % de las proposiciones, mientras que el 61 % provinieron de partidos de gobierno.
Finalmente, la Corte suspendió la entrada en vigencia de la Ley 2381 y el trámite de todas las demandas en curso contra ella, hasta que se repita el debate en Cámara y se remita el caso nuevamente al tribunal. La ley solo podrá entrar en vigor si supera esta nueva etapa legislativa y el posterior control constitucional.