¿Fraude en la consulta popular? MinInterior detalló las cuatro irregularidades durante la votación
El hundimiento de la consulta popular sobre la reforma laboral en el Senado de la República, ocurrido el pasado 14 de mayo con 49 votos en contra y 47 a favor, ha desatado una fuerte tormenta política.
El Gobierno nacional y varios congresistas del Pacto Histórico denunciaron públicamente lo que consideran un fraude parlamentario, y anunciaron acciones legales ante organismos de control y justicia.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que se presentaron cuatro irregularidades graves durante la votación que determinaron el resultado. La primera, explicó, fue el cambio de un voto después del cierre de la votación.
“El senador Edgar Díaz había votado por el Sí. El secretario del Senado tachó su voto y lo cambió al No, lo cual es ilegal. De haberse respetado, el resultado habría sido 48 a 48, lo que impedía archivar la iniciativa”, señaló Benedetti.
La segunda irregularidad según el Gobierno, fue el tiempo de votación, pues se cerró el registro en apenas dos minutos con doce segundos, cuando el reglamento permite veinte minutos. “Esto impidió que al menos cuatro senadores que venían a votar por el Sí pudieran hacerlo”, señaló Benedetti.
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La tercera anomalía fue la forma en que se abrió el registro. Según Benedetti, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, no advirtió sobre el inicio de la votación y, al ver que perdían por dos votos, cerró abruptamente el registro y levantó la sesión.
Finalmente, denunció la exclusión de seis senadores que, aunque contrariaban la ley de bancada, estaban dispuestos a votar por el Sí y asumir las consecuencias. “Cepeda levantó la sesión justo cuando ellos iban a llegar”, afirmó.
La senadora María José Pizarro fue enfática, “le hicieron conejo a los colombianos. Esto fue una trampa política disfrazada de procedimiento parlamentario”.
Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, cuestionó la postura mayoritaria del Congreso, “una gran parte de los parlamentarios están del lado de los empresarios y no del pueblo colombiano”.
El Gobierno anunció que presentará denuncias penales, disciplinarias y constitucionales ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia.
Entre tanto, organizaciones sociales y sectores sindicales empezaron a organizar movilizaciones nacionales en protesta por lo que califican como un intento de silenciar la voz popular.
