ABC del protocolo para regulación del consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos
El protocolo emitido por el Ministerio de Justicia destinado a entidades gubernamentales locales busca regular el consumo de sustancias psicoactivas en parques y zonas públicas, siguiendo la sentencia C-127 de 2023 de la Corte Constitucional.
Este protocolo, basado en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, permite a las autoridades territoriales regular el consumo, destacando la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. El ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna Patiño, enfatizó su carácter no vinculante, brindando flexibilidad a las administraciones locales.
Del mismo modo, el ministro señaló: “tengan en cuenta circunstancias de modo, tiempo y lugar, para que puedan restringir ese consumo en algunos espacios de especial valor cultural e histórico para la comunidad, como parques, escenarios educativos, de recreación, de reunión de familias, entre otros”.
Además de cumplir con las directrices ordenadas por la Corte Constitucional, el protocolo aborda las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, las cuales se exponen en esta infografía.
Por otro lado, dentro del protocolo se destaca la previa diferenciación entre porte de dosis para uso personal y delitos de tráfico de estupefacientes, es así como se resalta el enfoque de salud pública, derechos humanos y respeto a la diferencia en el abordaje de personas que consumen sustancias psicoactivas.
Los lineamientos generales se resumen en los siguientes puntos:
• Protección integral e interés superior de los niños niñas y adolescentes.
• Se debe diferenciar entre las actividades de porte de dosis para uso personal y consumo en contraste con el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
• Aplicar el principio de no discriminación frente a las personas que consumen sustancias psicoactivas.
• El consumo de sustancias psicoactivas debe abordarse con enfoques de salud pública, derechos humanos y de respeto a la diferencia.
Otro de los propósitos del protocolo es implementar de manera efectiva la ruta integral de atención destinada a la población en riesgo o con la presencia de trastornos mentales y del comportamiento relacionados con el uso de sustancias psicoactivas y adicciones.
Esto implica fortalecer los servicios de salud mental, proporcionar intervenciones tempranas y garantizar el acceso equitativo a tratamientos especializados para abordar de manera integral este aspecto de la salud pública.
La guía insta a las autoridades a adoptar alternativas a la penalización, promoviendo una normativa responsable que desarticule los mercados ilegales y fomente medidas tanto preventivas como pedagógicas, priorizando el respeto a los derechos y a la ‘tolerancia cero’.
Descarga aquí el protocolo completo
