Gobierno nacional radicó ante el Congreso el aval fiscal de la reforma a la salud
Según el documento presentado, en 2026 el sector tendrá $112,6 billones, mientras que en 2027 la cifra aumentará a $114,8 billones. De esta forma, la iniciativa cuenta con los recursos asegurados para su implementación en caso de que sea aprobada por el legislativo.
El Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, manifestó que el aval fiscal se logró por el trabajo del Gobierno nacional y manifestó que, además, tendrá recursos adicionales gracias a los impuestos saludables, algo vital para el respaldo económico y sostenibilidad a largo plazo para la reforma a la salud.
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"Lo importante es saber que todos los avales fiscales que se han entregado tienen claridad de cómo se puede financiar la reforma y cómo hay recursos adicionales. Uno de ellos muy importante, por ejemplo, el impuesto saludable, que el año entrante puede sumar 3.5 billones si se adicionan al presupuesto, y cómo en el transcurso de los próximos 10 años aumenta el presupuesto general de la Nación a tal punto que de 44 billones pasa a casi 100 billones de pesos", dijo Jaramillo.
El ministro de Salud, @GA_Jaramillo, afirmó que la reforma a la salud cuenta con aval fiscal. Gracias a recursos adicionales como los impuestos saludables, este proyecto tiene respaldo económico y sostenibilidad a largo plazo.
De esta forma, se garantiza que el derecho a la… pic.twitter.com/wTBdVOlW16— MinSalud Colombia 🇨🇴 (@MinSaludCol) August 21, 2025
Según el documento presentado por el gobierno, en 2026 el sector contará con $112,6 billones para la salud; en 2027 la cifra pasará a ser de $114,8 billones; y en 2036 aumentará hasta $191,7 billones.
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Al respecto, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, manifestó que, para lograr el aval fiscal, tuvo que ver también la participación en el Producto Interno Bruto de la nación, el cual pasará de 6,3% en 2026 a 7,73% en 2036.
El aval fiscal es clave para que la reforma a la salud continúe su debate en la Comisión Séptima del Senado, ya que un proyecto que no cuente con dicho aval puede llegar a ser declarado inexequible por la Corte Constitucional.