Palacio de Justicia: lo que dejó la toma y la retoma y las preguntas que 40 años después siguen abiertas
A 40 años de la toma y la retoma del Palacio de Justicia (6–7 de noviembre de 1985), aquel episodio sigue siendo un capítulo traumático de la historia colombiana: decenas de muertos, desapariciones, archivos perdidos y una operación militar que motivó investigaciones, demandas y condenas por violaciones a los derechos humanos. Las preguntas sobre responsabilidades y omisiones institucionales continúan vigentes.
¿Qué ocurrió?
El 6 de noviembre de 1985, un comando del M-19 tomó por la fuerza el Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar. En el interior había magistrados, servidores judiciales, trabajadores y visitantes; el propio presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, fue tomado como rehén. La retoma, liderada por la Fuerza Pública, derivó en combates y en un incendio que calcinaría buena parte del edificio.
El saldo oficial y documentado fue devastador: cerca de un centenar de personas murieron, entre ellas 11 magistrados de la Corte Suprema. Además, hubo decenas de heridos y un número de desaparecidos cuyo paradero aún es motivo de investigación y búsqueda.
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Archivos y expedientes: pérdidas y consecuencias
El incendio y los daños materiales provocaron la destrucción y desaparición de miles de expedientes judiciales y archivos que estaban en el Palacio. Estos documentos contenían procesos sensibles y de alto impacto que, hasta hoy, generan inquietud por su pérdida —tanto por su valor probatorio como por el efecto que su ausencia tuvo en la rendición de cuentas y en investigaciones futuras.
Organismos de memoria e investigación han insistido en que la pérdida documental agravó la sensación de impunidad en varios frentes. Los familiares de las víctimas afirman que con el fuego no solo se perdieron archivos, sino también una parte esencial de la verdad del país.
Muertes y desapariciones tras la retoma
Investigaciones judiciales y procesos de verdad han documentado que varias personas que salieron con vida del Palacio —y quedaron bajo custodia de miembros de la Fuerza Pública— posteriormente desaparecieron o fueron asesinadas. Estos hechos motivaron investigaciones de la Fiscalía y demandas internacionales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros órganos han señalado irregularidades graves en el manejo de personas en custodia y en el acceso a la verdad por parte del Estado.
“32 años después yo recibí algunas partes del cuerpo de mi esposo. Uno cree que es emocionante, lleno de amor recibir a su familiar, pero cuando sus restos óseos vienen sin una verdad, sin una responsabilidad, quedan muchos dilemas por resolver”, relató Pilar Navarrete, esposa de Héctor Jaime Beltrán Fuentes, una de las víctimas desaparecidas.
Su testimonio representa el sentimiento de muchas familias que, 40 años después, siguen exigiendo justicia, verdad y reparación integral.
Señalamientos y condenas contra miembros de la Fuerza Pública
A lo largo de las últimas dos décadas se adelantaron procesos judiciales que terminaron en condenas contra militares por desaparición forzada y otros delitos relacionados con la retoma. Entre las decisiones más relevantes están las emitidas por tribunales colombianos por la desaparición forzada de civiles que salieron del Palacio.
Al mismo tiempo, algunos altos oficiales han sido investigados, absueltos en instancias superiores o han visto revocadas sentencias en procesos complejos que incluyeron recursos y revisiones judiciales. Estas decisiones judiciales, las apelaciones y las variaciones en las sentencias han contribuido a un mosaico de responsabilidades parciales y de agravio no satisfecho para las víctimas y sus familias.
“Los altos mandos militares y el partido conservador no quieren que la investigación de los desaparecidos dé resultados”, denunció Eduardo Carreño, abogado del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR).
El jurista señaló que existen presiones políticas y militares que han obstaculizado durante años la búsqueda de justicia para las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia.
“La justicia es nuestro único camino, no sé qué pasa con la Fiscalía. Llevamos 11 años de investigación sin resultados”, añadió Carreño, quien representa a las familias de las víctimas ante instancias nacionales e internacionales.
El “partido de fútbol” y el vacío informativo
Un episodio recurrente en la memoria pública sobre aquel 6 de noviembre es la transmisión, por decisión del gobierno de Belisario Betancur, de un partido de fútbol en la televisión nacional mientras los hechos se desarrollaban.
Investigaciones periodísticas y archivos de memoria han señalado que la emisión del partido —y la decisión oficial de no interrumpir la programación con información de la crisis— generó críticas sobre la falta de cobertura informativa y la posible intención de minimizar o distraer la atención pública de una crisis nacional.
Ese episodio se cita a menudo como símbolo del déficit de transparencia institucional en el momento más álgido de la tragedia.
Lo que han dicho las comisiones de verdad y los tribunales
La Comisión de la Verdad y otros organismos de memoria han insistido en la necesidad de verdad plena, identificación de responsabilidades y medidas de reparación a las víctimas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos y distintas instancias nacionales han emitido pronunciamientos que reconocen violaciones a derechos humanos en el marco de la retoma y exigen la continuación de las investigaciones, así como garantías de no repetición.
La complejidad del expediente —con pruebas faltantes, contradicciones y años de dilaciones— ha dificultado cerrar el capítulo desde la justicia transicional o penal.
Claves para entender por qué el caso sigue abierto
- Pérdida de evidencia documental: la destrucción de expedientes dificulta reconstruir la verdad y comprobar responsabilidades en todos los casos.
- Muertes y desapariciones bajo custodia: se ha establecido judicialmente que algunas personas que salieron del Palacio no volvieron a ser vistas, con indicios de ejecuciones extrajudiciales y ocultamiento de información.
- Procesos judiciales largos y heterogéneos: mientras algunos militares fueron condenados, otros fueron absueltos en instancias superiores, generando una sensación de justicia incompleta.
- Déficit informativo en tiempo real: la transmisión de un partido de fútbol y la cobertura limitada de los medios simbolizan las fallas en la responsabilidad informativa del Estado.
Memoria y reclamo de las víctimas
Las familias de las víctimas, las organizaciones de derechos humanos y los organismos de memoria han hecho un llamado constante por verdad, justicia y reparación.
La conmemoración del 6 y 7 de noviembre sirve cada año para exigir avances judiciales, esclarecer el paradero de los desaparecidos y adoptar medidas institucionales que garanticen la no repetición.
El caso del Palacio de Justicia, 40 años después, continúa siendo una herida abierta en el corazón del país: una historia de dolor, resistencia y esperanza que aún clama por verdad.