Líderes políticos y miembros del Ejecutivo rechazaron la decisión judicial y alertaron sobre sus efectos en el poder adquisitivo de millones de trabajadores.
El Ministerio del Trabajo y Seatech acordaron un plan para formalizar laboralmente y afiliar a seguridad social a más de 300 tripulantes de buques atuneros, tras investigaciones que detectaron irregularidades en contratación y condiciones laborales.