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En todo el país se registraron más de 640 movilizaciones con la participación de 80.000 personas.

Además, la JEP señaló que el Estado colombiano y la fuerza pública deben garantizar que los ciudadanos ejerzan libremente sus derechos.

La ONU, la Unión Europea, Estados Unidos y organizaciones de derechos humanos levantaron la voz contra los abusos policiales.

El episcopado rechazó las violaciones a los Derechos Humanos y los actos de violencia vandálica.

El mandatario afirmó que “todas las herramientas que tiene la Constitución siempre están a disposición de cumplir su propósito”.

En el barrio la Aurora de Usme incendiaron este centro policial con diez policías adentro.

La iniciativa busca abordar “el tratamiento de guerra que se le ha dado a la movilización social, y la situación de orden público”.

Barbosa señaló que estos estarían impulsando a los ciudadanos a cometer diferentes delitos en medio de las protestas.