Entra en vigencia Ley de Garantías a nivel nacional
En cuatro meses los colombianos irán a las urnas para elegir gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y miembros de las juntas administradoras locales, por ello, para evitar la injerencia de dineros públicos y de los actuales funcionarios departamentales, municipales o distritales en las campañas políticas, entró en vigencia desde este 27 de junio y hasta el próximo 27 de octubre, la denominada Ley de Garantías electorales.
Esta ley fue sancionada en el año 2005, previo a las elecciones presidenciales de 2006, en las que por primera vez se aplicaba el modelo de la reelección, pero tiene vigencia para todo tipo de elecciones de funcionarios públicos, incluidos congresistas, autoridades locales y presidente de la República.
La ley de Garantías, en este caso para la elecciones regionales, cobija con restricciones a los gobernadores, alcaldes, secretarios de despacho, gerentes y directores de empresa descentralizadas del orden municipal, departamental y distrital.
De acuerdo con Gabriel Angarita, Coordinador de Asuntos Públicos y Transparencia de la Misión de Observación Electoral, las dos restricciones más importantes que contempla esta ley, para los funcionarios antes citados, es no celebrar convenios interadministrativos entre entidades territoriales para la ejecución de recursos públicos y la prohibición de modificar la nómina de funcionarios, a menos de que haya situaciones como muerte, renuncia irrevocable o faltas definitivas.
Así mismo, no se puede participar, promover o destinar recursos públicos de las entidades para hacer proselitismo en favor de una campaña o un candidato y, del mismo modo, no se puede dar inicio a programas sociales o inaugurar obras públicas donde se encuentre, en estos eventos, candidatos o miembros de alguna campaña política.
“Si se pueden inaugurar obras o dar inicio a nuevos programas, pero no pueden estar presentes en estos eventos candidatos” enfatizó el analista de la MOE.
A pesar de las restricciones, Angarita explicó que “en temas de contratación pública, la restricción solo opera para los convenios interadministrativos y contratación de personal, los demás tipos de contratación, por ejemplo las licitaciones públicas, no tienen ninguna prohibición.
La ley de garantías estará vigente hasta el día de las elecciones, es decir el próximo 27 de octubre.
