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Human Rights Watch pidió no distorsionar la verdad acerca de las ejecuciones extrajudiciales

Luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- informara que en sus investigaciones se registraban 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales y no 2.248 como reportó el informe de la Fiscalía General, varios sectores políticos y del Estado se han mostrado en desacuerdo con el reporte, aunque el tribunal tiene pruebas de ello. 

En su momento el ministro de Defensa, Diego Molano, pidió no estigmatizar al Ejército y la Fuerza Pública por “algunos casos particulares que ocurrieron” y solicitó a la JEP considerar las fuentes oficiales como las de la Fiscalía”.  

A lo que la jurisdicción respondió asegurando que se tuvieron en cuenta los informes presentados por la Fiscalía, la Procuraduría, el Sistema Penal Acusatorio de la Fiscalía, el Centro de Memoria Histórica y la red de 285 organizaciones sociales y de derechos humanos que hacen parte de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos.

Las cifras entregadas por la JEP, de hecho, mantienen información de la Fiscalía, que en su informe registra casos entre 1988 y 2014, donde el 97% de ellos ocurrieron entre 2002 y 2008, durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Sin embargo, el exsenador y miembros de su partido, el Centro Democrático, han criticado la investigación del tribunal. 

Ante ello, la ONG Human Rights Watch se pronunció. En su cuenta de Twitter, el director ejecutivo para las Américas de la organización, José Miguel Vivanco, aseguró que el expresidente Uribe y el Centro Democrático siguen “distorsionando la realidad” con respecto a los mal llamados falsos positivos. 

Ello lo dijo ante la afirmación de Uribe de que durante su gobierno únicamente se autorizó pago por información a civiles y no a militares. Vivanco afirmó que en el decreto 1400 de 2006, que estuvo en vigencia hasta 2008, se estableció un incentivo económico para miembros de la Fuerza Pública por Operaciones de Importancia Militar. 

También manifestó que, además de dinero, a los militares se les otorgaban otros beneficios como permisos y condecoraciones si obtenían un determinado número de bajas.

Vivanco también señaló que el convenio que ordenó el levantamiento de cuerpos por parte del CTI no fue suscrito en el año 2003 como lo indicó Uribe, sino que se aprobó el 14 de junio de 2006. Al respecto, el Centro Democrático explicó que en el 2003 se instruyó que toda muerte en combate debía ser atendida por el CTI, pero que en el 2006 se formalizó un Acuerdo entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación para tal fin.

De igual manera, Vivanco sostuvo que durante el gobierno de Uribe siempre se priorizaron las bajas sobre las capturas y desmovilizaciones, a diferencia de lo que dice el expresidente. Incluso, expone que fue hasta 2007, a través de la directiva 300, que se comenzó a privilegiar como medición de resultados operacionales las desmovilizaciones colectivas e individuales.   

En respuesta, el Centro Democrático indicó que esa disposición legal lo único que hizo fue reiterar la postura del Gobierno desde sus inicios, y expresó que la desmovilización y reinserción siempre fue prioridad para el expresidente. De hecho, aseguró que al final del Gobierno Uribe hubo un total de 53.664 desmovilizados.

Vivanco concluyó diciendo que el retiro de los 27 oficiales del Ejército, de los que hace mención el Centro Democrático, ocurrió en 2008 cuando se destapó el escándalo en Soacha y se habían presentado miles de asesinatos extrajudiciales en todo el país.