Gobierno y CNEB sellan acuerdo clave para desmontar la economía de cultivos ilícitos
El Gobierno nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) firmaron un acta de compromisos que marca un nuevo avance en la política de Paz Total, con medidas orientadas a la sustitución voluntaria de cultivos de coca y la transformación estructural de los territorios en el suroccidente del país.
El acuerdo, suscrito tras jornadas de trabajo en Tumaco e Inda Zabaleta, establece una hoja de ruta que busca debilitar la economía ilícita y fortalecer alternativas productivas legales, mediante el trabajo conjunto entre el Estado, las comunidades y los actores involucrados en el proceso de diálogo.
¿Cuál es el alcance del acuerdo sobre sustitución de cultivos ilícitos?
Uno de los puntos centrales del acta contempla la erradicación voluntaria de 30.000 hectáreas de hoja de coca, distribuidas en Nariño y Putumayo, con una meta de 15.000 hectáreas en cada departamento.
Esta estrategia, liderada por el presidente Gustavo Petro y el jefe negociador Armando Novoa, prioriza un enfoque basado en la dignificación de las comunidades campesinas, promoviendo su tránsito hacia economías legales mediante programas de apoyo estatal.
El proceso estará vinculado al programa Renacemos, iniciativa del Gobierno nacional que contempla incentivos económicos, acompañamiento técnico y fortalecimiento organizativo para garantizar una transición sostenible.
¿Qué compromisos se establecieron con las comunidades indígenas?
El acuerdo también reconoce el papel de las comunidades indígenas, en particular del Resguardo Indígena de Inda Zabaleta, cuyas asambleas comunitarias cuentan con respaldo institucional para tomar decisiones sobre la sustitución de los cultivos ilícitos.
En este contexto, el Gobierno y la CNEB asumieron tres compromisos clave:
Garantizar la no deforestación, como medida de protección de los ecosistemas estratégicos.
Evitar la resiembra de cultivos de coca, con el fin de consolidar economías lícitas.
Asegurar el cumplimiento estatal, mediante la implementación efectiva de los acuerdos territoriales.
Estas medidas buscan proteger el medio ambiente, fortalecer la autonomía territorial y consolidar procesos de desarrollo sostenible.
Este nuevo acuerdo se suma a avances previos alcanzados en la mesa de negociación, entre ellos la entrega de 14 toneladas de material de guerra por parte de la CNEB, considerada un gesto significativo en el marco del proceso de paz.
Asimismo, se han establecido garantías para el ejercicio democrático, incluyendo el compromiso de respetar el derecho al voto en las elecciones de 2026, lo que representa un paso hacia la estabilización institucional en zonas históricamente afectadas por el conflicto.
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La firma de esta acta refuerza la apuesta del Gobierno Petro por el diálogo político como herramienta principal para avanzar en la construcción de paz, la justicia social y la protección ambiental.
El acuerdo no solo busca reducir la presencia de cultivos ilícitos, sino también transformar las condiciones estructurales que han sostenido la economía ilegal, mediante la inversión social, el fortalecimiento comunitario y la presencia integral del Estado.
Con este paso, el Ejecutivo consolida uno de los pilares de la Paz Total, orientado a generar cambios duraderos en los territorios más golpeados por el conflicto armado en Colombia.