Defensoría advierte por dificultades de madres en cárceles del país
En ocho centros de reclusión, 25 mujeres gestantes y 48 madres que conviven con sus hijos menores de tres años, enfrentan dificultades para acceder a la salud, pues se realizan brigadas cada tres o seis meses, además de otras problemáticas.
Así lo dio a conocer el informe ‘Mujeres gestantes, madres y niños y niñas que viven con ellas en prisión’, revelado este miércoles por la Defensoría del Pueblo, en el que se reporta que el 64 % de las mujeres gestantes, lactantes y no lactantes están entre los 18 y 27 años; el 60 % son analfabetas; el 46,6 % señaló sentir depresión; el 26 % es adicta a sustancias psicoactivas y un 20 % padece trastornos de bipolaridad.
Se muestra además que los centros penitenciarios “no cuentan con un equipo psicosocial y de psiquiatría que cubra las necesidades básicas en salud mental de las mujeres gestantes y madres, y no existen estrategias efectivas de prevención al consumo de sustancias psicoactivas”, manifestó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
En el informe también se evidencia que en los centros de reclusión predominan las rupturas en los vínculos familiares y sociales, que impiden la realización de procesos de reinserción social positivos. El 69 % de las mujeres afirmó tener una relación cercana con sus mamás, pero no con otros familiares, a lo que se suma que los niños y niñas en prisión no tienen un vínculo estrecho con su familia nuclear y extensa.
El informe añade que a pesar de que el 57,1 % de las mujeres dijo tener acceso a métodos anticonceptivos, se reporta un desconocimiento generalizado sobre el contenido de los derechos sexuales y reproductivos, particularmente sobre enfermedades de transmisión sexual, métodos de prevención y acceso a métodos anticonceptivos.
Por esta razón la Defensoría del Pueblo pidió al Ministerio de Salud, al Fondo de Atención en Salud para la Población Privada de la Libertad, al Inpec, la Uspec y el ICBF diseñar estrategias para la atención al consumo de sustancias psicoactivas con enfoque diferencial, rediseñar la estrategia de las brigadas de atención por pediatría que se realizan en los centros penitenciarios, garantizar un adecuado estado de la salud mental de las mujeres gestantes, madres lactantes y madres no lactantes y garantizar el cumplimiento de los requerimientos del desarrollo infantil en establecimientos de reclusión, entre otras.
En su visita a la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo indicó que además de las investigaciones, las madres les formularon de primera mano esas falencias y dificultades que pasan al interior del centro penitenciario.
“Nos manifestaron todas las necesidades que tienen en materia de prestación de servicios, no solamente de apoyo jurídico, de salud o psicosocial, sino de alimentación y de toda índole. Están solicitando un espacio para sus hijos con un ambiente digno donde ellos puedan avanzar en el proceso de crecimiento”, indicó el funcionario.
