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JEP entregó a Medicina Legal 73 cuerpos de posibles víctimas de desaparición forzada en Antioquia

De acuerdo con la JEP, aún quedan 230 puntos de interés forense que están pendientes por intervenir.
Wilson De Jesús Cartagena

Durante el procedimiento en el cementerio La Dolorosa, del municipio de Puerto Berrío, fueron nueve cuerpos al día, en promedio, que fueron recuperados por el Sistema Integral para la Paz, entre el 13 y el 25 de septiembre pasados. Expertos forenses de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP y un equipo interdisciplinario de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, llegaron hasta este municipio del Magdalena Medio, y luego de 13 días de intervención, le entregaron a Medicina Legal 73 cuerpos de posibles víctimas de desaparición forzada, para que puedan avanzar en su identificación.

Esta intervención responde a las medidas cautelares decretadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, con el fin de proteger zonas en las que se podrían hallar cuerpos de víctimas del conflicto armado. Según información oficial, son 356 puntos amparados por la medida: dos celdas de custodia, cinco osarios comunes, 16 sitios de disposición tipo osario y 333 bóvedas.

La búsqueda se centró en los pabellones de caridad, un lugar reservado por la misma comunidad para darle una sepultura digna a los cuerpos no identificados que en su momento y que fueron arrastrados por la corriente del río Magdalena, lo que se convirtió en una tradición que prevaleció entre los habitantes de este municipio antioqueño, quienes adoptaban los cuerpos que, en su mayoría, presentaban signos de violencia, y le asignaban una identidad a cambio de favores a través de la oración.

Según el fiscal Carlos Arturo Mutis Flórez, líder del equipo de la Unidad de Investigación y Acusación, fueron intervenidas 124 bóvedas de las 157 protegidas solo en este pabellón. Los 33 restantes se sumarán a las 197 que todavía están pendientes por intervenir y que fueron identificadas durante el diagnóstico que se llevó a cabo tras la inspección judicial que la UIA, a través de su Grupo de Apoyo Técnico Forense, realizó en marzo de 2020 en el cementerio La Dolorosa.

Durante el proceso de recuperación que se llevó a cabo en Puerto Berrío, el Sistema Integral para la Paz desenterró cuerpos inhumados que mostraban signos de violencia, casos similares a la primera inspección judicial que se llevó a cabo en Puerto Berrío, que tuvo lugar entre enero y febrero de 2021, donde 43 cuerpos que estaban sin identificar, tenían signos de muerte violenta, y fueron dejados en poder de Medicina Legal para avanzar en su identificación.

 

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