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María José Pizarro y otros 27 congresistas del Pacto Histórico mantienen sus curules tras fallo del Consejo de Estado

El Consejo de Estado archivó la demanda que buscaba la pérdida de investidura de 28 congresistas del Pacto Histórico, al concluir que no hubo conflicto de intereses.
Consejo de Estado archiva demanda contra 28 congresistas del Pacto Histórico por conflicto de intereses
Foto: redes sociales
Geraldine Rozo

La Sala 22 de Decisión del Consejo de Estado negó la demanda que buscaba la pérdida de investidura de 28 congresistas del Pacto Histórico, entre ellos la senadora y precandidata presidencial María José Pizarro.

 El proceso fue impulsado por un ciudadano que alegaba que, al promover un artículo de la reforma política que eliminaba sanciones por violar topes electorales, los legisladores incurrieron en un conflicto de intereses, ya que la campaña presidencial del Pacto Histórico estaba bajo investigación. 

Según el demandante, esta situación configuraba “muerte política” para los implicados. Sin embargo, el alto tribunal, con ponencia del consejero Luis Alberto Álvarez Parra, concluyó que no existió inhabilidad ni beneficio particular, actual o directo para los congresistas, sus familiares o personas cercanas.


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En su fallo, el Consejo de Estado determinó que la modificación propuesta no incidía en investigaciones penales, disciplinarias, fiscales o administrativas contra los acusados y que la investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre los topes de la campaña presidencial de Gustavo Petro no los involucraba. 

La sentencia puntualizó que la medida solo afectaba a personas específicas como al presidente Gustavo Petro Urrego, Ricardo Roa Barragán, Lucy Aydee Mogollón Alfonso, María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, así como a las colectividades Colombia Humana y Unión Patriótica. Incluso, el caso del senador Pedro Flórez, quien sí enfrenta una investigación en la Corte Suprema por presunto ingreso irregular de dineros a su campaña, quedó excluido de este proceso por no estar relacionado con el artículo cuestionado.


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 La Sala concluyó que no se configuró el elemento objetivo del conflicto de intereses y, por ende, cerró definitivamente el caso en esa instancia judicial, ratificando la continuidad legislativa de los 28 parlamentarios.

 

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