La Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, desmiente validez de la solicitud internacional de orden de captura en su contra
La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, aclaró que la orden de captura emitida por una sala de apelaciones en Guatemala en su contra carece de validez internacional.
La solicitud, originada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad de ese país, pretendía vincularla con supuestos delitos relacionados al caso Odebrecht, pero Colombia no la reconoce por no cumplir con los estándares del derecho internacional.
“Esa orden fue tramitada sin estarlo y no será expedida internacionalmente, teniendo en cuenta el comunicado del gobierno de Guatemala que rechaza la petición del Ministerio Público de ese país”, afirmó Camargo.
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La fiscal explicó que la orden solo tiene vigencia dentro de Guatemala y que su emisión por parte de un tribunal de apelaciones, en vez de un juez de control de garantías, resulta jurídicamente irregular.
La orden busca procesar a varios exfuncionarios y exfiscales que participaron en investigaciones anticorrupción en Guatemala, incluidos miembros de la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), como Iván Velásquez Gómez, actual ministro de Defensa de Colombia.
Camargo recordó que ella integró la CICIG entre 2014 y 2017, y que el acuerdo que le dio vida garantiza inmunidad penal, civil y administrativa a sus miembros, incluso después de dejar sus cargos.
“El artículo décimo del acuerdo entre la ONU y el gobierno de Guatemala establece la inmunidad de los funcionarios de la CICIG. La orden de captura desconoce los parámetros del derecho internacional y los derechos humanos”, explicó la fiscal.
Camargo también defendió su actuación en el caso Odebrecht. Señaló que las declaraciones anticipadas de los directivos de la empresa se realizaron legalmente en Brasil, en presencia de fiscales guatemaltecos y del consulado de ese país. “Es una falacia decir que el acuerdo de colaboración fue ilegal por hacerse en el exterior. Se actuó con rigor y legalidad, como lo haría cualquier fiscalía que trabaja desde la cooperación judicial internacional”.
Por último, la fiscal alertó sobre la grave situación de más de 60 personas entre jueces, fiscales, periodistas y defensores de derechos humanos que han tenido que exiliarse, principalmente en Estados Unidos, tras ser perseguidos en Guatemala por su participación en procesos anticorrupción. “Difundir rumores sin fundamento y abrir procesos sin garantías solo busca desacreditar las investigaciones legítimas contra redes criminales”, concluyó.
