Nueva etapa para justicia laboral: Corte Suprema asume nuevos retos
La magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, Claudia Regina Éxposito, anunció el proceso de implementación de la Ley 2452 de 2025, que adopta el nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y que entrará en vigor el próximo mes de abril, al cumplirse un año de su publicación, conforme lo establece su artículo 330. La norma marca el inicio de una nueva etapa para la jurisdicción laboral, al introducir una reforma estructural en su organización, competencia y dinámica procesal.
Según explicó, la ley no solo moderniza el procedimiento laboral, sino que fortalece la garantía efectiva de los derechos derivados de las relaciones de trabajo y de la seguridad social, en consonancia con los principios constitucionales que orientan la administración de justicia. En ese contexto, el Consejo ha asumido el compromiso de garantizar su aplicación efectiva en todo el país, mediante acciones dirigidas a preparar a los servidores judiciales frente a los nuevos desafíos.
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Uno de los ejes centrales de esta implementación se concentra en la Corte Suprema de Justicia, particularmente en su Sala de Casación Laboral. Con la expedición del acuerdo del 3 de julio de 2025, se dispuso la creación permanente de 106 cargos para fortalecer su estructura. Esta medida permitirá asumir los procesos que venía conociendo la Sala de Descongestión Laboral y atender las nuevas competencias asignadas por la reforma.
Entre esos cambios, la Sala conocerá ahora del recurso extraordinario de casación en procesos de acoso laboral, de solicitudes de cambio de radicación entre distritos judiciales y de los asuntos previstos en el artículo 279 del nuevo código.
Por su parte, el magistrado auxiliar Leonardo Corredor explicó que el código redefine el rol del juez, digitaliza el expediente, incorpora instrumentos como la sentencia anticipada, renueva el proceso ejecutivo e introduce el proceso monitorio laboral, cerrando además siete décadas de reformas dispersas al derogar normas históricas y consolidar un régimen procesal integral.