La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) multó a Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movistar) con más de $3.000 millones de pesos por una estrategia que limitaba el derecho de los usuarios prepago a cambiar de operador.
Durante enero de 2021 y febrero de 2023, Movistar implementó un programa de fidelización llamado ‘Bono Fidelización Prepago Siempre Conectado’, el cual era aplicado a los clientes que tenían líneas prepago y ofrecía un supuesto beneficio de 10 minutos TD y 100 MB para WhatsApp, valorado en $1.500 pesos, a quienes recargaran mensualmente $18.000 o más en ciertos paquetes.
Según la SIC, la compañía utilizó esta “deuda” ficticia de $1.500 como causal de rechazo cuando los usuarios intentaban portar su número a otro operador, alegando una supuesta “mora”. Esto desencadenaba que muchos usuarios se enteraran de esa obligación solo al recibir el rechazo de su solicitud de portabilidad, sin saber de dónde provenía ni haberla aceptado conscientemente.
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Consecuencias del plan ‘Bono Fidelización Prepago Siempre Conectado’
La Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones determinó que esta práctica generó una barrera artificial e injustificada que impedía a los usuarios realizar el cambio de operador. La deuda por el supuesto bono no representaba una contraprestación clara, informada ni aceptada previamente, lo cual vulneraba directamente el derecho a la portabilidad numérica.
Además, se concluyó que se trató de una represalia comercial que distorsionó las reglas del mercado, afectando la libre competencia y perjudicando al usuario en su derecho a elegir y cambiar libremente de proveedor.
La SIC reafirma su compromiso con la protección al consumidor
Con esta decisión, la Superintendencia reafirmó su compromiso con la protección de los usuarios en los servicios de comunicaciones, y aseguró que continuará ejerciendo su labor de inspección, vigilancia y control, con el fin de garantizar que los operadores respeten los derechos de los consumidores y corrijan prácticas ilegales.
Finalmente, se informó que contra esta decisión proceden los recursos de reposición, ante la directora de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones, y de apelación ante la delegada para la Protección del Consumidor.