Sismo de magnitud 6,0 en Perú deja heridos y daños en ciudades costeras
Un sismo de magnitud 6,0 sacudió la noche del sábado a la región de Áncash, en el norte del Perú, dejando un saldo preliminar de 25 personas lesionadas y afectaciones materiales en varios municipios costeros. El evento sísmico tuvo su epicentro en el océano Pacífico, frente a Chimbote, y se produjo a una profundidad de 52 kilómetros, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
¿Cuál fue la respuesta del sector salud tras el terremoto?
El Ministerio de Salud informó que, del total de personas heridas, 12 permanecen hospitalizadas, mientras que 13 fueron dadas de alta luego de recibir atención médica. Las autoridades sanitarias activaron protocolos de emergencia para garantizar la capacidad operativa de los centros asistenciales, especialmente en zonas donde se reportaron daños estructurales.
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¿Qué impactos dejó el sismo en la infraestructura pública y privada?
En Chimbote, ciudad de aproximadamente 500.000 habitantes, el hospital principal presentó daños, al igual que colegios, viviendas y establecimientos comerciales. Registros audiovisuales difundidos en redes sociales evidencian rajaduras en edificaciones y pérdida de mercancía, lo que refuerza la necesidad de evaluar la resiliencia de la infraestructura urbana frente a eventos sísmicos.
El IGP confirmó que desde el 25 de diciembre se han registrado varios movimientos telúricos en el territorio peruano, incluido uno de magnitud 4,8 ocurrido al sur de Lima. A esto se suma el reporte del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), que mantiene identificadas zonas críticas por riesgos geológicos en Áncash y La Libertad.
Con una población cercana a los 34 millones de habitantes, Perú se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo. En este contexto, el país registra decenas de sismos perceptibles cada año, lo que exige políticas permanentes de prevención, gestión del riesgo y fortalecimiento institucional.
La memoria del terremoto de 1970 en Áncash, que dejó 67.000 personas fallecidas, sigue marcando la agenda pública sobre ordenamiento territorial, infraestructura segura y respuesta del Estado ante desastres naturales. El reciente sismo vuelve a situar en el centro del debate la necesidad de invertir en prevención y en la capacidad de reacción del aparato estatal frente a emergencias de gran escala.