Gobierno Petro supera cifras del mandato anterior en restitución de tierras a comunidades étnicas
El Gobierno nacional encabezado por el presidente Gustavo Petro desde el año 2022, ha ha logrado importantes avances en el reconocimiento de los derechos territoriales de pueblos indígenas, afrocolombianos, raizales y palenqueros por medio de la Unidad de Restitución de Tierras (ART). Bajo la dirección del mayor Giovani Yule, se han emitido 22 sentencias que ordenan la devolución de 194.025 hectáreas a comunidades ancestrales, superando las 155.045 hectáreas reconocidas por la vía judicial en el gobierno anterior.
Estas decisiones representan un 47 % del total de sentencias étnicas emitidas desde la entrada en vigor de la Ley 1448 de 2011 y los Decretos Ley 4633 y 4635 del mismo año. En total, se han proferido 46 providencias de este tipo en los últimos 14 años.
Lee también
- Hospital San Antonio de Padua se convierte en el primer hospital 100 % autosostenible de la Costa Caribe
- Campesinos del Catatumbo ya cuentan con seguros para proteger sus cultivos legales y fortalecer su economía
La directora de Asuntos Étnicos de la URT, Enelia Salinas Chivatá, explicó que, tras los fallos, los equipos técnicos de la entidad se desplazan a los territorios para trabajar directamente con las comunidades en la implementación de las decisiones judiciales. Esta labor incluye la construcción de planes de acción y el acompañamiento en proyectos de producción agrícola, con el fin de fortalecer la soberanía alimentaria de las comunidades beneficiadas.
“Con estas acciones no solo se garantiza el derecho a la tierra, sino también el fortalecimiento de la autonomía territorial y la seguridad alimentaria de los pueblos étnicos”, señaló Salinas.
La URT también ha promovido alianzas interinstitucionales para facilitar el cumplimiento integral de las sentencias, como parte de su compromiso con las víctimas de despojo y desplazamiento forzado. La articulación entre entidades busca restituir no solo la propiedad de la tierra, sino también los derechos culturales y económicos de las comunidades históricamente excluidas.
