Debate jurídico por decreto que cambia jueces de tutelas contra el presidente
Una fuerte controversia jurídica y política ha generado el Decreto 0799 de 2025, expedido por el Gobierno nacional y firmado por el presidente Gustavo Petro junto al Ministerio de Justicia. La norma cambia la competencia para conocer en primera instancia las acciones de tutela contra el presidente de la República, retirando esta función exclusiva al Consejo de Estado y permitiendo que jueces del circuito o de igual jerarquía asuman esos casos.
Según el Gobierno, esta medida “contribuye a fortalecer la imparcialidad estructural del sistema judicial” y busca garantizar el acceso universal a la justicia. “La acción de tutela continúa siendo ejercible en todo momento y lugar”, precisa el decreto, en concordancia con el artículo 86 de la Constitución.
Sin embargo, desde el ámbito jurídico han surgido fuertes reparos. El abogado Nicolás Rojas, del Centro Jurídico Internacional, afirmó que “el decreto no tiene viabilidad jurídica, ya que el presidente no tiene facultades extraordinarias para legislar en esta materia sin autorización previa del Congreso”. Rojas advirtió que la expedición de este tipo de normas podría “vulnerar el principio de separación de poderes y afectar el equilibrio institucional”.
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El jurista también expresó preocupación por la posibilidad de que jueces de menor jerarquía conozcan casos de alta sensibilidad, como los relacionados con seguridad nacional o decisiones presidenciales. “Un juez de circuito no tiene la misma formación ni experiencia que un magistrado del Consejo de Estado en este tipo de temas”, señaló.
El decreto también dispone que las tutelas contra entidades u organismos públicos del orden nacional, o las relacionadas con decisiones del Ejecutivo sobre temas como erradicación de cultivos ilícitos, serán conocidas por jueces del circuito. El reparto, según el documento, se realizará conforme a los factores territoriales y subjetivos previstos en la ley.
Entre las razones que podrían haber motivado la expedición del decreto está la creciente acumulación de tutelas de alto perfil contra el presidente Petro, como la presentada por los abogados Abelardo de la Espriella y Germán Calderón España por la presunta crisis financiera en las Fuerzas Armadas, o las acciones en contra de la convocatoria de una Asamblea Constituyente o consulta popular.
Ante la polémica, el presidente se pronunció en su cuenta de X, “Creo que es asunto de democracia: el jefe de Estado debe ser tutelable por cualquier ciudadano o ciudadana ante cualquier juez de la república. Hay que evitar una elitización de la justicia y buscar su democratización plena”.
Los expertos coinciden en que la Corte Constitucional deberá pronunciarse próximamente sobre la constitucionalidad del decreto y su impacto en la estructura del sistema judicial colombiano.
