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Gobierno confirma voluntad de paz de bandas del Atlántico

El protocolo para los diálogos se está construyendo entre el gobierno, autoridades locales y la Iglesia Católica.
José David Oquendo

El Gobierno nacional dio a conocer que Digno Palomino y 'Castor', cabecillas de dos bandas (Los Pepes y Los Costeños) que libran una guerra a sangre y fuego en el Atlántico, formalizaron su intención de someterse a la política de Paz Total.

Desde Barranquilla, el ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que la siguiente tarea es montar el protocolo para aterrizar los diálogos. "Es necesario", comentó sobre la pertinencia del proceso, "porque en el Atlántico lo que ha subido es el sicariato. Estamos en el podio Barranquilla, Soledad y Malambo.

Destacó la voluntad de los mencionados cabecillas e hizo énfasis en que, con ello, van a bajar los índices del narcotráfico y delincuencia juvenil. Sin embargo, advirtió que "todo esto debe hacerse dentro de un protocolo que no es para estar ambientándolo" pero que tendrá condicionantes tales como "que dejen de delinquir, concentrarse, etcétera".


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Así las cosas, toma forma la propuesta lanzada por el presidente Gustavo Petro el pasado 20 de mayo, en el Paseo Bolívar de Barranquilla, al plantear la posibilidad de dialogar con las bandas que operan en la ciudad y el departamento para bajar las cifras de homicidios y extorsión. La fórmula sería muy parecida a la aplicada en Medellín, agregó el mandatario, y que tan buenos frutos ha arrojado.

En el caso de Barranquilla, hasta ahora solo ha trascendido el nombre de uno de los miembros de la mesa de diálogos: el sacerdote anglicano César Narváez Muñoz.

Elecciones a consejos de juventudes

Las declaraciones de Benedetti se dieron durante el lanzamiento del programa #GrandesxElección, por medio de la cual el gobierno pretende incentivar la participación en las elecciones de consejos de juventudes.

Además de hablar sobre Paz Total y democracia participativa, el funcionario se mostró despreocupado por la investigación abierta por la Procuraduría contra Juliana Guerrero, funcionaria de su despacho, quien habría usado un avión de la Policía para asuntos personales.

"La investigación ayudará a aclarar los malentendidos que ha habido en la prensa", indicó, "ahí lo que hay es un convenio que lleva más de 15 años y no entiendo por qué ahora es objeto de problemas". Reveló que el viaje sí tuvo lugar, aclarando que fue motivado "por temas de seguridad" y otros que está bajo reserva.

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