El presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2477 de 2025 para modernizar la justicia penal en Colombia
El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, sancionó la Ley 2477 de 2025, una norma que introduce profundas reformas al sistema penal colombiano con el objetivo de lograr una justicia más ágil, eficaz y centrada en las víctimas.
La iniciativa, producto de un consenso entre el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, fue tramitada en el Congreso con respaldo mayoritario y responde a la necesidad urgente de modernizar la justicia penal, combatir la congestión judicial y garantizar respuestas efectivas a la ciudadanía.
“Esta ley es una transformación estructural del sistema penal, orientada a brindar mayor acceso, eficiencia y respeto por los derechos de las víctimas”, indicó el presidente Petro durante la sanción de la norma.
La Ley 2477 modifica aspectos fundamentales de las leyes 599 de 2000 (Código Penal), 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal) y 1121 de 2006 (normativa en materia de seguridad).
El propósito es adaptar el marco jurídico a los desafíos actuales del país, agilizar los procedimientos judiciales y optimizar los recursos del Estado.
No te lo pierdas: Conoce la lista de políticos tradicionales que han hecho parte de la junta directiva de Thomas Greg & Sons
Uno de los cambios más relevantes es la implementación de mecanismos de indemnización integral para las víctimas, lo cual refuerza su centralidad dentro del proceso penal. Adicionalmente, se fortalece el principio de oportunidad, permitiendo concentrar esfuerzos investigativos en delitos de mayor impacto social y penal.
Asimismo, se introducen beneficios por aceptación de cargos, lo cual permitirá reducir los tiempos procesales y promover una justicia restaurativa. Según el Ministerio de Justicia, esta figura facilitará acuerdos judiciales que eviten juicios largos, sin afectar los derechos de las partes involucradas.
Otro avance clave es la autorización del uso de pruebas anticipadas, un mecanismo que facilitará la recolección temprana de evidencia y evitará dilaciones innecesarias. Esto será especialmente útil en casos complejos o cuando haya riesgo de pérdida de pruebas o de que los testigos no puedan comparecer más adelante.
De acuerdo con estimaciones oficiales, con la entrada en vigencia de esta norma se proyecta que los tiempos de resolución de los procesos penales puedan reducirse a entre uno y doce meses, frente a los actuales que pueden superar los diez años. También se espera una disminución significativa en la prescripción de casos debido a retrasos procesales.
Finalmente, indicaron que, “con esta ley damos un paso decisivo hacia una justicia social más cercana, eficaz y garante de derechos para toda la ciudadanía”, concluyó el ministro de Justicia, Néstor Osuna. La Ley 2477 entra en vigencia de forma inmediata, con una implementación gradual que será reglamentada por el Ejecutivo.
Lee también: Gobierno lidera plan de blindaje electoral con auditorías independientes y veeduría ciudadana
Cambios
La Ley 2477 introduce cambios significativos en los códigos penal y de procedimiento penal, específicamente en las leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y 1121 de 2006. Sus objetivos principales son descongestionar el sistema judicial, reducir drásticamente los tiempos procesales que hoy pueden superar los diez años y evitar la revictimización.
Entre los principales cambios destacan:
1. Indemnización integral como forma de extinguir la acción penal: Se permite cerrar procesos penales si el infractor repara de forma total a la víctima, con aval del fiscal o mediante caución cuando no haya víctima identificada. No aplica para delitos violentos como extorsión o hurto agravado.
2. Rebaja de penas por aceptación de cargos: Se amplían los beneficios para quienes acepten cargos en etapas tempranas, incluidos los capturados en flagrancia y procesados por terrorismo o secuestro, con reducciones proporcionales y control judicial.
3. Uso de pruebas anticipadas: La Fiscalía podrá recoger testimonios claves antes del juicio para preservar evidencias y agilizar procesos, especialmente en casos de colaboración eficaz.
4. Ampliación del principio de oportunidad: Ahora podrá aplicarse desde la etapa de indagación sin requerir autorización del Fiscal General, siempre bajo control de legalidad por parte de un juez.
5. Claridad en apelaciones ante jueces de control de garantías: Se asigna a la sala siguiente del Tribunal Superior de Bogotá la resolución de apelaciones cuando un magistrado actúe en representación de la Corte Suprema, asegurando el respeto a la doble instancia.
La ley contiene 13 artículos y su implementación representa un paso decidido hacia una justicia más eficiente, con especial atención en las víctimas, quienes podrán obtener reparación oportuna sin necesidad de transitar todo el proceso penal. Esta transformación busca restablecer el espíritu original del Sistema Penal Acusatorio, priorizando salidas anticipadas y efectivas para los casos menos complejos, mientras se preserva el juicio para los delitos más graves.
