A través de un comunicado, la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes denunció públicamente amenazas e intimidaciones que ponen en riesgo inminente la vida, integridad y seguridad personal y causan desplazamiento forzado del líder social y defensor de derechos humanos, Jhon Sebastián Trochez Arias.
Sebastián es un líder campesino y se ha destacado como presidente de la Junta de Acción Comunal de Santo Domingo; además, es secretario de la Mesa Comunitaria PDET, Coordinador de la Guardia Campesina a Nivel Municipal e integrante de la Coordinación Campesina del Municipio de Florida, del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano y la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica.
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Según el comunicado, “el sábado 5 de julio de 2025, Corregimiento Santo Domingo, cerca de las 9:22 de la noche, el Líder Social y defensor de Derechos Humanos Jhon Sebastián Trochez fue agregado a un grupo de WhatsApp denominado 'F 57', en cuyo perfil aparecen la imagen de dos espadas cruzadas y un féretro; en el grupo hay otras tres personas. Posteriormente, se compartió en dicho grupo la imagen de un arma de fuego”.
Continúa el comunicado diciendo: “Cabe resaltar que en el territorio hace presencia presuntos integrantes del autodenominado grupo armado ilegal Frente 57 Yair Bermúdez de las FARC. Y que recientemente se ha informado de que existe una lista negra en donde están incluidos varios campesinos y campesinas del sector”.
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Campesinos asesinados en menos de 15 días
Además, entre el 21 de junio y el 2 de julio de 2025, han sido asesinados 3 defensores de derechos humanos integrantes de la Coordinación Campesina del Municipio de Florida; se trata de los comuneros Harold Holmes Escobar Renza, Marco Emilio Jaramillo Penagos (firmante de paz) y José Muñoz Villavicencio.
Es importante resaltar que, según la Coordinación Campesina del municipio de Florida, esta se encuentra incluida como población beneficiaria del Programa Integral de Seguridad y Protección para comunidades y organizaciones en los territorios contenidos en el Decreto 660 de 2018.
Las autoridades, comunidades y líderes piden que cese la violencia y se respete la vida y el territorio.