Docentes y padres protestan en Bogotá por cierre de aulas de apoyo
Las calles de Bogotá volvieron a llenarse de maestros, orientadores y padres de familia que denuncian lo que consideran un deterioro creciente en las condiciones laborales docentes y en la atención a estudiantes con discapacidad. Las protestas se concentraron frente a la Secretaría de Educación, donde los asistentes aseguraron que la Administración ha incumplido acuerdos previos y que la transición hacia un modelo de educación inclusiva se está implementando sin planificación ni garantías.
Los padres de familia reclamaron que, pese a que el Distrito afirma que no se están cerrando las aulas de apoyo, en la práctica sí se estarían desmontando estos espacios que atienden a estudiantes con alta dependencia o con necesidades educativas especiales. Santiago Velandia, padre de un estudiante con discapacidad múltiple del colegio Bolivia, señaló que las medidas recientes “obligan a una transformación sin concertación, sin condiciones reales y con el riesgo de que los niños regresen a aulas regulares donde ya han sufrido vulneraciones”.
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Aseguró además que, aunque la Secretaría destaca que más de 23.000 estudiantes con discapacidad ya están escolarizados en la oferta general, no reconoce las más de 15.000 quejas acumuladas por presunto maltrato o falta de acompañamiento adecuado. “Lo que reciben hoy en las aulas de apoyo no lo tendrán en el aula regular. No hay garantías”, afirmó.
Desde el sector docente, las críticas se centran en la redistribución de orientadores y en lo que describen como un aumento de la precarización laboral. Sebastián Almanza, docente orientador y representante distrital, advirtió que decisiones recientes desconocen la realidad de los colegios y ponen en riesgo procesos socioemocionales consolidados con estudiantes que dependen de un acompañamiento continuo. “Las respuestas técnicas de la Secretaría no reflejan lo que pasa en los territorios. Se están debilitando funciones esenciales y afectando a miles de niños”, dijo.
La Secretaría de Educación, por su parte, insistió en que no hay cierres de aulas de apoyo y que la ciudad avanza hacia un modelo de educación inclusiva conforme a estándares nacionales e internacionales. Indicó que no hay suspensión de matrículas, que los estudiantes continúan recibiendo atención y que la transición será acompañada por más de 1.500 profesionales especializados. También afirmó que la población con discapacidad sigue siendo priorizada en el sistema educativo.
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Mientras las posturas siguen enfrentadas, las comunidades educativas piden espacios de concertación reales y decisiones que garanticen la continuidad y calidad del servicio.