En manos de la plenaria del Senado está la ley anticorrupción
A pesar de que el grueso de la ley anticorrupción ya fue aprobado, dos son los artículos que restan para que la norma pase en la plenaria del Senado. La supresión de la casa por cárcel para los condenados por corrupción, así como la eliminación de la reclusión en sitios especiales, como guarniciones militares.
Para la Fiscalía, autora de esta iniciativa, estos artículos son fundamentales para atacar el delito de la corrupción.
“Son una serie de delitos que están atentando directamente contra la administración pública, resulta conveniente que en esos casos no existen ese tipo de beneficios para los funcionarios que sean encontrados responsables”, afirmó el fiscal (e) Fabio Espitia.
Mientras tanto la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, señaló que espera que hoy estos artículos serán aprobados en la plenaria, a pesar de la oposición que se ha presentado desde algunos sectores políticos, que incluso han recurrido a romper el quórum en la sesión.
Más de 40 congresistas se declararon impedidos para debatir y votar la ley por la cual se adoptan medidas en materia penal y administrativa en contra de la corrupción, todos bajo el argumento que tiene familiares procesados por delitos contra la administración pública.
La ley anticorrupción aplica fuertes sanciones e inhabilidades para las empresas privadas y sus directivos que incentiven la corrupción en el sector público.
“Se extiende la inhabilidad y la sanción de por vida para la empresas que incurran en actos de corrupción y que afecta a sus representantes legales y miembros de juntas directivas”, anotó la ministra del Interior.
Dentro de los artículos aprobados, se encuentra el que se extiende a 20 años el límite para que los delitos de corrupción prescriban, la exigencia de que para aplicar rebajas de pena los corruptos estos deben devolver la totalidad de los recursos comprometidos y el artículo que sanciona a los funcionarios públicos que revelen secretos de Estado a los medios de comunicación, no obstante los periodistas no se verían afectados jurídicamente, según explicó el Fiscal encargado.
