En Valledupar se realiza la audiencia de verificación de aportes de verdad y reconocimientos de responsabilidad de 34 comparecientes que pertenecieron al Batallón La Popa
Jhon Jader Escorcia Bonett salió de su residencia en el corregimiento de Santa Clara, municipio de Fundación, Magdalena, el 28 de junio de 2004. A él le ofrecieron un trabajo como recolector de café en la Sierra Nevada de Santa Marta. Con la ilusión de mejorar sus ingresos económicos, ya que tenía un bebé de siete meses, no dudó en aceptar la oferta laboral.
Jhon Jader se dedicaba a oficios varios, trabajaba en fincas, se ganaba el jornal diario, afirman sus familiares.
Un mes después de haber salido a trabajar, le informaron a su familia que había sido dado de baja en combate el 30 de junio de 2004, en el corregimiento de La Plata, en Pueblo Bello, Cesar.
A esta familia no le entregaron restos. “No pudimos hacer duelo", asegura su hermana Rocío Escorcia Bonett, una mujer de tez morena, ojos claros y cabellos rojizos que solo aceptó conceder la entrevista a Radio Nacional de Colombia Valledupar si estaba de pie al lado del póster de su hermano, imagen que ella llevó a la audiencia.
“Empecé a buscarlo y nadie me daba razón, llegaba a la Fiscalía y no había datos hasta que en el 2007 el periódico local de Valledupar registró una noticia que decía Medicina Legal identifica a unos NN que estaban sepultados en el Cementerio Nuevo”, explica Rocío.
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En el aviso también se leía “pueden acercarse y reclamar sus restos”; ahí apareció el nombre de Jhon Jader Escorcia, por lo que no dudó Rocío en dirigirse al lugar a reclamar los restos, encontrándose con la señora encargada del cementerio que le dijo: “Olvídese de esos restos que eso es imposible”. Eso los echaron en bolsas negras, los tiraron en un volteo y los llevaron a una fosa común en el cementerio Jardines del Eccehomo”, concluyó diciendo Rocío.
La historia de esta familia no es distinta a la de las seis restantes que se han escuchado en el inicio de la audiencia de verificación de aportes de verdad y reconocimientos de responsabilidad de 34 comparecientes que pertenecieron al Batallón de Artillería N.º 2 La Popa, máximos responsables por asesinatos y desapariciones forzadas.
Los comparecientes son el Mayor Carlos Yobanny Medina Bayona; el Subteniente Mario Rafael Rayon Navarr; el Cabo Primero Luis Carlos Morales Orjuela; el Cabo Tercero Luis Felipe Puentes Tovar; el Sargento Viceprimero Juan Carlos Herrera García y los soldados José Felipe.
Guerra Maestre, Edgar Francisco Montaño Churio, Leonel De Jesús Morales Lara, Olson Humberto Muñoz Oviedo, Jorge Luis Cavadias Anaya, Yefrey Enrique Serpa Mestre, Yecid Bolaños Corzo, Elkin José Maestre Fuentes, Jhonny Enrique Carmona Aragón, Albeiro José Hernández Carmona, Eduardo Flórez Rangel, Roger Alberto Lobo, Luis Rafael Gómez Arzuaga, Mauricio Rafael Pájaro Sanabria, Oscar Enrique Gutiérrez Cárdenas, Germin De Jesús Castro Poveda, Juan Carlos Suarez Cabarcas, Ubernel Hernández Ríos, Jaime Luis Maestre Guerra, Yeiner Rafael De La Hoz Polo, Nicolas José Diaz León, Elkin Otero Bello, Edwin Oviedo Ardila, Isaac Cesar González Barbosa, Daniel Armando Barraza Rueda, Haldo Ariot Cantillo Angulo, Llohan Aroca González, Manuel José Meza Betancur y Alfonso José Pitre Diaz, estos no fueron seleccionados como máximos responsables en dos hechos graves y representativos relacionados con asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate en la Costa Caribe.
Los hechos con los que los relacionan ocurrieron el 30 de junio de 2004 en la vereda Cuesta Plata del municipio de Pueblo Bello, Cesar, cuyas víctimas son Jhon Jader Escorcia Bonett, Carlos Alfredo Castro Aguirres, Esnel de Jesús Matute Ibáñez, Wilson Darío Ruíz Arboleda y Luis Javier Molina Gutiérrez. El 1 de noviembre de 2004, en la vereda La Gloria del municipio de Agustín Codazzi, Cesar, las víctimas, en esa oportunidad, fueron Yovany Quintero Donado y Rafael Mario Bernal Real. Estos asesinatos fueron presentados como bajas en combate.
Los comparecientes transitan la Ruta No Sancionatoria, el mecanismo con el que la JEP busca resolver de forma definitiva la situación jurídica de quienes no son considerados máximos responsables en crímenes de guerra y de lesa humanidad.
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De acuerdo a la JEP, un compareciente no es máximo responsable cuando, a pesar de participar en los hechos, no tuvo un rol decisivo ni de liderazgo en el diseño, ejecución o definición de los patrones criminales identificados por la JEP.
El magistrado José Miller Hormiga, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y vicepresidente de la JEP, especificó que “los comparecientes son los considerados no máximos responsables. Ellos son personas que no tenían el control, no eran los dirigentes de los hechos, no eran las personas que determinaron este tipo de conductas de patrones criminales, sino quienes obedecían estas órdenes y materializaron estos hechos.
La Jurisdicción informó que, para resolver su situación jurídica a través de este mecanismo, los comparecientes deben: Aportar verdad que satisfaga a las víctimas. Reconocer su responsabilidad cuando corresponda. Realizar acciones restaurativas que reparen el daño causado a las víctimas y a sus comunidades.
La familia de Jhon Jader Escorcia Bonett solo pudo recuperar el cuerpo hasta el 2016, explicó su hermana, “pero la entrega terminó de matar a mi mamá Esther Bonett Martínez”.
Fue un golpe del que no pudo superar; ella nunca aceptó que el Ejército le pudiera hacer eso. Ella se enfermó de tristeza, de melancolía y nunca los médicos le pudieron encontrar ninguna enfermedad hasta que falleció en el 2018”.
Sin embargo, cuerpos como el de Carlos Alfredo Castro Aguirre no han podido ser recuperados. “Carlos Alfredo fue asesinado el 30 de junio de 2004 por miembros del Batallón La Popa”, indicó su hermana Karen Margarita Castro Aguirre.
“A las víctimas les decimos que cualquier decisión que tome la Jurisdicción Especial para la Paz con los comparecientes tendrá un fundamento o una base de orden judicial de continuar con la búsqueda de los cuerpos hasta que se dé con los restos de quienes permanecen desaparecidos”, dijo el magistrado José Miller Hormiga.
La audiencia, con la presencia de los familiares de las víctimas, se cumplirá hasta el próximo 10 de octubre en el auditorio de la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez.
