La Corte Constitucional de Colombia ordenó este lunes a la Iglesia católica desclasificar y entregar en su totalidad los archivos relacionados con denuncias de abuso sexual infantil cometidos por miembros del clero.
La decisión se da como respuesta a decenas de tutelas presentadas por la sociedad civil y periodistas contra múltiples diócesis y comunidades religiosas que, hasta ahora, solo habían entregado una fracción mínima de la información solicitada.
Según Barrientos, quien lidera desde hace siete años una rigurosa investigación sobre pederastia clerical en el país, la Iglesia apenas había respondido al 13% de los 137 derechos de petición enviados. Con esa limitada información, los periodistas lograron revelar los nombres de más de 600 sacerdotes señalados por abusos.
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“Si con solo una fracción de los archivos logramos identificar a más de 600 clérigos, con el 87% restante podríamos llegar a conocer hasta 5.000 nombres”, afirmó Barrientos en diálogo con medios nacionales.
La Corte fue contundente en su fallo: las instituciones religiosas no pueden escudarse en el secreto pontificio para ocultar información de interés público relacionada con delitos sexuales.
De este modo, ordenó a las diócesis entregar de forma íntegra todos los datos requeridos por los periodistas, lo cual representa un precedente judicial sin precedentes en el país.
Además, en una decisión paralela, la Corte también obligó a la Fiscalía General de la Nación a responder, en un plazo de 48 horas, a la solicitud de la periodista Andrea Díaz Cardona, reportera de la BBC. Ella había solicitado información sobre los 86 procesos penales activos por abusos sexuales cometidos por altos jerarcas de la Iglesia entre 1992 y 2021. La entidad no había dado una respuesta completa, lo que motivó una tutela resuelta ahora a favor de la periodista.
El caso reaviva el debate sobre el encubrimiento de los abusos sexuales dentro de la Iglesia católica en Colombia. Uno de los casos recientes más emblemáticos es el del sacerdote Darío Chavarriaga, acusado de abusar de ocho menores de una misma familia en los años setenta.
La familia denunció que, en 2014, el entonces líder de los jesuitas en Colombia, Francisco de Roux, fue informado de los hechos, pero presuntamente protegió al sacerdote amparándose en el secreto pontificio.