Según señalaron fuentes del alto Tribunal, la decisión se tomó “al declarar la nulidad del artículo 4º del Decreto 801 de 1992 que ordenó el reconocimiento y pago mensual a los congresistas de una prima de salud equivalente al diez por ciento (10%) de su asignación salarial .
Señala el organismo de justicia que “el Gobierno excedió sus facultades al ordenar el pago de dicha prima sin fijar condiciones o establecer los criterios que justificaran su pago .
Sostiene que “aunque la Ley 4 de 1992 obligaba el reconocimiento de una prima de salud a los miembros del Congreso, su pago estaba condicionado a circunstancias que lo justificaran .