Concejales del Pacto Histórico rechazan sanción del CNE y defienden transparencia de la campaña Petro
Concejales del Pacto Histórico en Bogotá cuestionaron la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de sancionar a la campaña presidencial de Gustavo Petro, al considerar que no se tuvieron en cuenta los soportes presentados por Colombia Humana y la Unión Patriótica. Según los cabildantes, la determinación genera incertidumbre en pleno proceso de inscripción de listas para Senado y Cámara.
El concejal José Cuesta señaló que la colectividad revisará la sanción por la vía jurídica y afirmó que las decisiones del CNE han generado riesgos para los derechos políticos de los sectores que respaldan al Gobierno nacional. Recordó que, en el caso de Colombia Humana, aún están pendientes respuestas a solicitudes clave que podrían definir su participación formal dentro del Pacto Histórico de cara a los comicios.
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Cuesta insistió en que la demora en resolver estos trámites, sumada a la sanción reciente, puede afectar la posibilidad de inscribir candidaturas antes del 8 de diciembre. También advirtió que más de un millón de votos obtenidos por Colombia Humana en consultas previas están en riesgo si no se garantiza plena participación de esa fuerza política.
Por su parte, la concejal Donka Atanassova afirmó que la campaña presidencial actuó con transparencia y aseguró que la sanción a pocos días del cierre de inscripción podría minar las garantías democráticas. Señaló que, pese a que la Colombia Humana y la UP entregaron soportes que, según ella, desvirtuaban las acusaciones, el CNE optó por una decisión que afecta directamente al Pacto Histórico.
Atanassova agregó que la colectividad siempre se ha sometido a las investigaciones y que preocupa que, en medio del proceso electoral, se tomen determinaciones que interpretaban como intentos por frenar el avance del Pacto Histórico, que obtuvo más de 2,7 millones de votos en su consulta interna.
Las voces desde el cabildo distrital coinciden en que el panorama genera inquietud sobre la equidad del proceso y en que será necesario acudir a los caminos jurídicos y políticos para defender su derecho a la participación.