La Procuraduría General de la Nación instó al presidente del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico a garantizar que el proceso de modificación de los estatutos de esa institución respete la legalidad, la equidad y los derechos de toda la comunidad educativa. El pronunciamiento se dio en el marco de una vigilancia preventiva que adelanta el ente de control sobre este procedimiento.
La entidad señaló que, aunque la autonomía universitaria es un principio protegido constitucionalmente, “no puede entenderse como absoluto”, y por tanto debe interpretarse “en armonía con el orden legal y constitucional aplicable al servicio público de la educación”.
De acuerdo con la Procuraduría, el seguimiento que realiza busca verificar que el proceso de reforma respete el principio de legalidad y no afecte el interés general.
El organismo recordó que cualquier actuación del Consejo Superior debe tener como base los principios de seguridad jurídica, igualdad ante la ley y equidad.
“La vigilancia preventiva tiene como propósito asegurar el debido proceso y la plena garantía de los derechos de la comunidad académica”, aseguró la Procuraduría, al tiempo que solicitó al Consejo Superior de la Universidad del Atlántico un informe detallado del procedimiento adelantado para modificar los estatutos, así como los soportes técnicos y jurídicos que respaldan esa actuación.
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En su análisis, la Procuraduría destacó la importancia de que los cambios normativos en universidades públicas sean transparentes, bien sustentados y cuenten con mecanismos de participación.
La modificación de estatutos, indicó el ente de control, no puede convertirse en un instrumento para vulnerar derechos ni para imponer reformas alejadas del interés institucional y colectivo.
El órgano de control reiteró su compromiso con la defensa del interés general y con el fortalecimiento de la educación pública, subrayando que ejercerá las acciones que sean necesarias si encuentra irregularidades en el procedimiento o en los contenidos de la reforma estatutaria.
Finalmente, indicaron que por ahora, se espera que el Consejo Superior remita el informe requerido y que se mantenga un diálogo institucional para aclarar cualquier inquietud o controversia relacionada con el proceso en curso.